La agricultura en la COP 26

La COP26 —realizada en Glasgow, Reino Unido—, que concluyó en la segunda semana de noviembre del 2021, dejó muchas dudas acerca del compromiso real de los países para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París.

La dificultad de enlazar agricultura y cambio climático

Por: Beatriz Salazar, coordinadora del Observatorio Cambio Climático del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes)

El cambio climático es un fenómeno que afecta a todo el planeta y que no puede ser enfrentado en forma aislada por cada país. Las acciones nacionales deben sumar a un esfuerzo global que permita limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5 °C o 2 °C, para así prevenir posibles impactos catastróficos del cambio climático, que es el objetivo del Acuerdo de París, firmado por 197 países (entre ellos, el Perú). Cada año, representantes de los países firmantes se reúnen para acordar acciones que combatan el cambio climático, en lo que se conoce como Conferencia de las Partes o COP.

La más reciente de estas reuniones fue la COP26 —realizada en Glasgow, Reino Unido—, que concluyó en la segunda semana de noviembre del 2021 y dejó muchas dudas acerca del compromiso real de los países para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París. La preocupación está justificada, pues el último informe de evaluación de los compromisos climáticos de 192 países advierte que el planeta se encamina a un aumento de temperatura de 2.7 °C a finales de este siglo, con los compromisos actuales. Las consecuencias serían catastróficas e implicarían lluvias más intensas y frecuentes, subida del nivel del mar y sequías más largas, que pondrían en riesgo la vida de millones de personas.

Si bien la mayor parte de los comentarios respecto a los resultados decepcionantes de la COP26 tuvieron por tema la falta de compromiso para aumentar la ambición en las metas de adaptación y mitigación, dejar de lado el uso del carbón y los subsidios a los combustibles fósiles, así como incrementar el financiamiento a los países en desarrollo; poco se ha dicho respecto al rol de la agricultura en las negociaciones climáticas internacionales. Esta desatención ocurre pese al cálculo de que una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global se originan en la actividad agraria —a través de la ganadería, el cultivo de arroz y el uso de fertilizantes como la urea— y en los cambios en el uso del suelo vinculados a la deforestación y la degradación del suelo, ocasionadas en gran parte por prácticas agrícolas insostenibles.

La agricultura demoró mucho en ser materia de negociación en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Aunque fue mencionada en los documentos oficiales desde el inicio, solo entró en discusión en las negociaciones internacionales en 2011, y fue recién en la COP23 de 2017 que se acordó iniciar una línea de trabajo oficial, «Trabajo conjunto de Koronivia sobre agricultura (KJWA)», único programa de la CMNUCC que se centra en la agricultura y la seguridad alimentaria. La KJWA ha organizado diversos eventos técnicos desde 2017, pero no suelen tener la visibilidad que el tema merece.

La KJWA acordó una hoja de ruta para discutir temas clave sobre suelos, uso de nutrientes, agua, ganado, métodos para evaluar la adaptación y las dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria del cambio climático en la agricultura. Esta hoja de ruta estaba programada para finalizar en la COP26, pero aparentemente se registraron muchas áreas de desacuerdo y se postergó la decisión hasta la COP27, que se celebrará en 2022 en Egipto. Algunos de los temas que trabaron los acuerdos fueron la inclusión de referencias a la agroecología y a la mitigación en la actividad agraria.

Para el Perú, sería importante que la KJWA resultara en la institucionalización de una instancia en el marco de CMNUCC, que permita avanzar hacia un entorno que habilite la implementación de medidas que se identifiquen como efectivas para una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático. Dado el impacto de este en la agricultura peruana, y considerando que el 45% de las medidas de adaptación y el 17% de las medidas de mitigación, que sustentan el compromiso climático del Perú —conocido como Contribución Nacionalmente Determina- da (NDC)—, dependen del sector Agricultura, consideramos que el Midagri debería involucrarse más en las negociaciones de la KJWA y promover la priorización de la agroecología, la adaptación basada en ecosistemas, además de otras soluciones que han sido piloteadas con éxito en el Perú.

¿Por qué razón no se consigue lograr acuerdos relacionados con la agricultura en las negociaciones climáticas internacionales? La explicación podría estar en que temas como los cambios en las dietas y en los sistemas alimentarios para hacerlos sostenibles son políticamente sensibles. Su análisis a fondo requeriría abrir la discusión en temas controversiales como los derechos relacionados con la tierra y la propiedad, el apoyo del gobierno a los agricultores y los debates sobre proteínas animales.

Se trata de temas difíciles de abordar, pues enfrentan a países que ya están adoptando medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con países que temen que la exigencia de una agricultura menos contaminante sea usada para obstaculizar sus exportaciones de alimentos. Además, se enfrentan visiones de una agricultura basada en soluciones de alta tecnología con alternativas basadas en la agroecología. Pero lograr acuerdos al respecto es esencial para una producción sostenible de alimentos.

Sin embargo, aunque no se consiguieron acuerdos relacionados con la agricultura en las negociaciones oficiales, en el marco de la COP26 sí se lanzaron algunas iniciativas pertinentes que, si bien no son vinculantes, movilizan recursos que pueden contribuir a impulsar acciones de adaptación y mitigación sostenibles en la actividad agraria. A continuación, revisaremos algunas de estas iniciativas, a las que el Perú se ha adherido.

Declaración de los Líderes de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra
Esta Declaración, firmada por 120 países (entre ellos, el Perú), tiene como objetivo detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030, con un compromiso de US$ 12.000 millones en financiamiento público y US$ 7.200 millones en inversión privada para restaurar las tierras degradadas.

Si bien el presidente Castillo ha manifestado que el Perú apoya la Declaración de Glasgow en tanto expresa «nuestro compromiso en materia de conservación y uso sostenible de nuestra Amazonía», sin embargo, durante su gobierno no se ha reforzado la lucha contra la deforestación; por el contrario, el Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a gestionar con el Congreso la aprobación de un proyecto de ley que aprueba la ampliación del plazo del proceso de formalización minera. No se han tomado en cuenta las opiniones de especialistas que advierten que las reiteradas ampliaciones de plazos permiten que más mineros se sumen a la extracción no fiscalizada de oro en la Amazonía, con lo que se agrava el problema.

Por otra parte, entre los compromisos adoptados por los países firmantes de esta Declaración está el de «Reducir la vulnerabilidad, generar resiliencia y mejorar los medios de vida rurales, y el desarrollo de una agricultura rentable y sostenible y el reconocimiento de los múltiples valores de los bosques». En nuestro país, esto implica reconocer que la pérdida de bosques depende en gran parte de factores estructurales como la pobreza rural relacionada con una agricultura no sostenible, que promueve la migración hacia la Amazonía y la consiguiente deforestación.

Diálogo sobre bosques, agricultura y comercio de productos básicos (FACT)
El objetivo de este Diálogo es «promover el desarrollo sostenible y el comercio, al tiempo que se protegen los bosques y otros ecosistemas críticos». El Perú y otros 32 países participan en esta iniciativa, que refleja una tendencia que se va afianzando internacionalmente: el reconocimiento de que la expansión de las áreas de producción agrícola no sostenible y otras formas de degradación de la tierra atentan contra la sostenibilidad ambiental y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero.

Muchas de estas áreas de cultivo, ganadas a costa de bosques primarios, están dedicadas a la exportación, y ya existen iniciativas de los países importadores para prohibir el ingreso, a sus mercados, de productos que contribuyan con la deforestación. Es el caso de un proyecto de ley de la Comisión Europea que obligaría a las empresas que venden a los países de la Unión Europea carne de res, productos de soja, aceite de palma, café, cacao y madera, a demostrar que las materias primas no se produjeron en tierras deforestadas o degradadas después de 2020. ¿Están preparadas las empresas exportadoras peruanas para probar que sus productos están «libres de deforestación»?

Compromiso global sobre el metano
Los países participantes en este compromiso —entre ellos, el Perú— acordaron tomar acciones para reducir las emisiones globales de metano al menos en 30% desde los niveles de 2020 para 2030. Si bien no es vinculante, el compromiso es pertinente para las acciones de mitigación en el sector agrario. En el Perú, de acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2016, el sector «Agricultura, silvicultura y otros usos de la Tierra» fue el principal emisor de metano, sobre todo por la fermentación entérica del ganado, el cultivo de arrozales por inundación y la quema de biomasa. Los recursos que se obtuvieran en el marco de este compromiso pueden contribuir a cumplir con las metas de mitigación en el sector Agricultura e incluso aumentar la ambición climática.

Los esfuerzos para aumentar la resiliencia de la agricultura al cambio climático y concretar su potencial para la mitigación requieren de una acción articulada que abarque los niveles internacional y local. Ello exige involucrar a diversos actores, como gobiernos, organizaciones de investigación, agencias intergubernamentales, ONG y, sobre todo, organizaciones de los agricultores. Las negociaciones climáticas internacionales, en el marco de la CMNUCC, son esenciales para consensuar y articular acciones entre diversos países, con agendas muchas veces contrapuestas, para enfrentar un problema como el cambio climático, necesitado de soluciones globales. Nuestro país ha contribuido en la facilitación del Trabajo Conjunto de Koronivia sobre Agricultura, pero no ha presentado propuestas específicas, pese a que se invitó a los países a hacerlo. El Perú debería alcanzar más protagonismo a fin de lograr que la agricultura ocupe un lugar más relevante en estas negociaciones.

Fuente: La Revista Agraria

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